El martes 15 de diciembre, en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS), se llevó a cabo la presentación del informe “Maternidad en contextos de encierro: mujeres y niñxs encarceladxs y prisión domiciliaria en la ciudad de Santa Fe. Problemas y desafíos”, escrito por las abogadas María Paula Spina y Natacha Guala.
El encuentro fue convocado por los programas de Género, Sociedad y Universidad y de Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), a partir del Proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS) “La perspectiva de género en contextos de encierro: el acceso de las mujeres privadas de libertad a la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” (Convocatoria 2016).
“La idea de hacer el Informe surgió en el mes de septiembre de este año, cuando nos reunimos con la directora y el equipo de profesionales que trabajan en la unidad penitenciaria Nº 4 de nuestra ciudad. Allí nos anoticiamos de que una de las principales problemáticas que atraviesan las mujeres privadas de libertad es aquella que tiene que ver con el contacto y el acceso a los derechos de los niños y niñas que viven con ellas en la cárcel. Entonces a partir de ello, nos propusimos hacer una serie de entrevistas -que las realizamos en octubre- con las ocho mujeres que se encontraban en condiciones de acceder al arresto domiciliario, es decir que tenían niños o niñas menores de cinco años, pero que sin embargo no habían accedido o se les había sido revocado por diversos motivos”, explicó Spina.
El Informe, basado en entrevistas realizadas con ocho mujeres alojadas en la Unidad Penitenciaria de Mujeres de la ciudad de Santa Fe, y que involucra a 32 niños, está dividido en dos grandes partes: por un lado, un bloque referido a los derechos de los niños y las niñas; y por otro, un bloque que refiere al acceso al arresto domiciliario o a las causales de su revocación.
“En relación al tema de los derechos, un aspecto que nos pareció muy preocupante es que en el 75% de los casos los niños habían sido separados de sus hermanos, ya sea porque fueron a vivir a la cárcel o porque quedaron con distintos familiares a cargo. Esto es un gran llamado de atención, porque de estas mujeres solo en un caso el niño quedó a cargo del responsable parental, mientras que la mayoría de los niños quedó al cuidado de un cuñado, un tío o un primo. Por lo tanto el encarcelamiento de la madre implica una interrupción del derecho a la familia y del derecho a la intimidad”, enfatizó la autora.
En cuanto a lo relatado por las mujeres entrevistadas, ellas hacen hincapié en que la cárcel definitivamente no es un espacio para el desarrollo de los niños, ya que el encierro y las violencias a las cuales están expuestos constantemente les afectan también a nivel psicológico. “Estas mujeres han planteado en reiteradas oportunidades cómo sus hijos no tienen los mismos derechos que otros niños. Muchas veces es difícil explicarles por qué no se puede prender la luz, por qué no se puede abrir una puerta, por qué no se pueden llevar un juguete. O sea, se ven sujetos a las mismas restricciones que sus madres. Hay niños que tal vez nunca han salido a una plaza a jugar, sobre todo porque estas mujeres por lo general son las que están a cargo de sus hogares y no cuentan con una red de afecto como para poder distribuir los cuidados”, amplió María Paula Spina.
Además, en el Informe, las autoras analizan la dilación de los tiempos y las causales de revocación de la solicitud del arresto domiciliario. En este sentido, “algo que pudimos ver es cómo el sistema actual de la prisión domiciliaria efectivamente requiere de más políticas orientadas a garantizar el derecho al trabajo y a la vivienda de estas mujeres. Porque sino resulta que para poder ser una mujer beneficiaria de la prisión domiciliaria de algún modo tenés que tener acceso a una vivienda o a un trabajo, porque si no se vuelve imposible de sostener. Entonces así termina sucediendo que aquellas mujeres que tienen más dificultades económicas, las que menos tienen, las que están solas y a cargo de sus hijos de algún modo son las más castigadas por el Estado”, concluyó.